La Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Departamental ha puesto en marcha un programa piloto de intervención integral dirigido a adolescentes, víctimas de delitos, familias y comunidad en general con el propósito de restablecer los vínculos sociales que son afectados por la comisión de delitos.
Caldas fue seleccionado por el Ministerio de Justicia para desarrollar este piloto, gracias al dinamismo del Comité Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes y al apoyo de instituciones educativas locales, como las universidades de Caldas, Manizales y Luis Amigó, que participan activamente en el programa.
El equipo de profesionales de la Gobernación de Caldas, compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, coordinará el programa en conjunto con varias universidades participantes. La Secretaría de Gobierno será la encargada de recibir los casos enviados por el Juez Coordinador del Centro de Servicios de los juzgados penales para adolescentes de Manizales y de convocar a las universidades para intervenir con las víctimas y sus familias.
Lina María Salazar, jefa de la Unidad de Derechos Humanos, destacó que la Secretaría de Gobierno, en colaboración con el ICBF, coordina el sistema Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde funciona la Mesa de Justicia Restaurativa, desde donde se opera el piloto. Esta nueva fase del programa se centrará en la atención a las víctimas y sus familias, buscando restaurar y fortalecer el tejido social.
El objetivo a mediano plazo es impactar no solo a los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), sino también a sus familias y a las víctimas de sus delitos. Según las estadísticas, en Manizales se registran aproximadamente 300 casos relacionados con menores infractores por año.
Este proyecto se relaciona con el concepto de justicia restaurativa, por medio del cual se promueven procesos y prácticas que permiten la resolución de los conflictos, el reconocimiento del daño causado, el restablecimiento del tejido social, la reintegración efectiva de los adolescentes y jóvenes a la sociedad y la reparación integral a las víctimas.
Adicionalmente, este tipo de abordajes evita el escalonamiento de los conflictos que ingresan al sistema de justicia, a la vez que previene la comisión de delitos en Caldas.
Este programa liderado por la Gobernación de Caldas cuenta con el apoyo técnico del Ministerio de Justicia y del Derecho para su implementación.
Juan Mauricio Peña Salazar, juez segundo Penal Municipal para Adolescentes, destacó el papel crucial de los entes territoriales en la administración de justicia restaurativa, resaltando el compromiso real de la Gobernación de Caldas en ofrecer un respaldo institucional a las víctimas, más allá de la pedagogía y la sensibilización.
El programa piloto comenzó a implementarse en Manizales, donde se está analizando el primer caso para materializarse las finalidades del proceso restaurativo (responsabilización, reparación y reintegración). Posteriormente, se extenderá al Área Metropolitana, consolidando así una verdadera forma de justicia alternativa.
Lina María Salazar, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Caldas.
Juan Mauricio Peña Salazar, juez segundo penal municipal para adolescentes de Manizales.
