Pronto se vencerá el plazo del artículo segundo de la ley 2346 del año 2024, donde se dicta que hasta el 30 de junio del presente año la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– es la responsable de brindar la alimentación a las personas privadas de la libertad en condición de sindicados.
En caso que esta ley no sea prorrogada, a partir del primero de julio esta responsabilidad estará a cargo de los entes territoriales, municipales y departamentales, apoyando de manera subsidiaria. Si bien la Administración Departamental trabaja en un plan de contingencia inmediato, se une al llamado nacional a ampliar el plazo de ejecución, considerando que esta responsabilidad implica un ejercicio presupuestal complejo del departamento y los municipios.
“Tenemos conocimiento que se han radicado proyectos de ley en el Congreso de la República, uno por parte de una senadora y otro por parte de la Federación Nacional de Departamentos. Estos recogen el clamor de los Gobernadores y Alcaldes para que esta ley sea prorrogada por lo menos otro año más”, indicó el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Gómez Escudero.
Mientras se define si esta petición será o no concedida, el Gobierno de Caldas, en conjunto con la Policía Nacional, socializó con los alcaldes y sus equipos de trabajo el plan de contingencia para atender la situación. “La propuesta es que lo haga el municipio un mes y otro mes la Gobernación y así escalonarnos hasta fin de año”, precisó el funcionario.
Los alcaldes municipales se mostraron a la expectativa de lo que se resuelva en los próximos días, de manera que pueda cumplirse la ley. Así mismo, en el encuentro se estableció el compromiso por parte del Gobierno Departamental y la Policía Nacional de trabajar articuladamente con los municipios y establecer diversas estrategias para garantizar los derechos humanos de las personas sindicadas.
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Secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero.
