Con cada nueva disposición de la ley, las entidades nacionales, territoriales y locales deben adaptar su accionar – en la medida de sus competencias- para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. En ese sentido, el departamento de Caldas avanza en gestiones que le permitan tener un protocolo claro de abordaje para la situación de las personas transgénero al interior de las cárceles del departamento.
Lina María Salazar Zuluaga, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Caldas, indicó que en este momento se está articulando el esquema de atención para la población penitenciaria y carcelaria transgénero.
«Actualmente trabajamos en el caso particular de una persona que se encuentra haciendo su transición hacia el sexo masculino; él ha solicitado que, en reconocimiento de su identidad de género, pueda cumplir su condena en una cárcel de varones», precisó la funcionaria.
Explicó, además, que tal situación representa un reto para todas las instituciones involucradas en el proceso, ya que no es común que una persona en dicha condición esté recluida en un lugar destinado a internos con el género al cual está haciendo la transición. Al momento, en el país, las personas con experiencia de vida trans cumplen su condena en un penal del género de nacimiento.
En este contexto, Salazar precisó que se analiza cómo deben ser los procedimientos para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, el tratamiento hormonal para su proceso de transición, las visitas conyugales, entre otros aspectos. «También se debe considerar, por ejemplo, el patio en el que puede permanecer para salvaguardar su seguridad, así como otra serie de factores para determinar cómo debe ser su atención integral», manifestó la líder de la Unidad.
Dijo, además, que este caso es emblemático, pues -a pesar de que en la cárcel La Blanca de Manizales se le está brindando una buena atención para garantizarle sus derechos- todo se está haciendo de una manera muy intuitiva, pues no hay aún directrices nacionales para este tipo de situaciones.
La funcionaria hizo énfasis en la necesidad de que se definan unos lineamientos a nivel nacional, de tal manera que en los centros penitenciarios donde se reciba a este tipo de población se implementen unas medidas diferenciales, las cuales garanticen que puedan llevar a cabo su proceso de resocialización desde el reconocimiento de su identidad.
«De la mano del Ministerio Público y otras entidades del orden nacional y departamental se iniciará la construcción de unos lineamientos para este caso específico y de cara a los que puedan presentarse en el futuro. Como Gobernación de Caldas participaremos en la construcción de estos lineamientos a través de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, al igual que con la Mesa Departamental de Diversidad Sexual de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social», puntualizó.
Es de destacar que en los escenarios de realización de dichos lineamientos se cuenta también con la participación de la Defensoría del Pueblo, el INPEC y el Ministerio de Justicia, entre otras organizaciones.
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Lina María Salazar, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Caldas
