Gobierno de Caldas busca consenso para garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad ante próximo cambio en la ley

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, destacó las actividades desarrolladas en el más reciente Comité Penitenciario y Carcelario, en el cual se buscó la unión de esfuerzos entre las diferentes entidades para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad bajo el estado de sindicadas.

Y es que el Gobierno de Caldas trabaja articuladamente para alcanzar soluciones en beneficio de la población privada de la libertad, ya que falta muy poco tiempo para que deje de tener vigor la Ley 2346 de 2024 firmada por el presidente Gustavo Petro, que otorga a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la responsabilidad de brindar la alimentación a las personas que se encuentran en condición de sindicadas en las estaciones de Policía, las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, y los diferentes centros penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.

«Estamos buscando puntos de encuentro con el INPEC para que, a partir del día 1 de julio, estas personas puedan recibir su alimentación con total normalidad«, precisó el Secretario.

El funcionario recordó que, hasta el 30 de junio, la USPEC es la encargada de brindar la alimentación a este grupo poblacional, pero que después de esa fecha, la responsabilidad pasa a ser de los distintos entes territoriales.

Gómez Escudero explicó que el objetivo del Gobierno de Caldas es garantizar de forma subsidiaria la atención para estos ciudadanos, lo cual incluye descongestionar las estaciones de Policía para que los sindicados pasen a los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Así mismo, el Secretario mencionó que es fundamental brindar mayor seguridad para esta población y por eso resulta indispensable el traslado a los centros carcelarios, ya que las estaciones de Policía no son los lugares adecuados para su retención en condiciones dignas.

«Vamos a instalar unas mesas subregionales que tendrán el liderazgo de la Gobernación de Caldas y en las que esperamos encontrar puntos de acuerdo entre el INPEC, las Alcaldías y el Gobierno Departamental, de tal manera que se puedan mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad», explicó el titular de Gobierno.

 A propósito de este tema, el alcalde de Norcasia, Diego Fernando Olarte Alzate, dijo que la situación de los municipios en lo referente al presupuesto es muy compleja, aunque se deben entender las dificultades que atraviesa actualmente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). «Hay voluntad y el ambiente es propicio para que entre todos atendamos este asunto, que afecta a todas las regiones del país», puntualizó el mandatario.


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Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.


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Diego Fernando Olarte Alzate, alcalde de Norcasia.

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