La Gobernación de Caldas acompaña la Audiencia Territorial que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza este jueves y viernes en Manizales. Este es un importante espacio de verdad y justicia, en el que víctimas del conflicto armado, magistrados de la JEP y entidades del Estado avanzan en la construcción de memoria, reparación y reconciliación.
Este es, también, un escenario de escucha y dignificación en el que se abordan casos emblemáticos del conflicto armado que impactaron profundamente al departamento de Caldas.
La secretaría de Gobierno (e) de Caldas, Lina María Salazar, destacó que estas son las primeras audiencias que se realizan en torno a hechos ocurridos en el departamento. “Desde la Gobernación en cabeza de Henry Gutiérrez Ángel, se participó en esta audiencia como muestra del compromiso de la institucionalidad para buscar la memoria, la reconstrucción del tejido social y hacernos consientes de que hechos así no vuelvan a ocurrir”.
En su intervención, la Administración Departamental destacó que la paz duradera exige enfrentar con valentía los hechos que fracturaron a la sociedad y reconocer las responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado.
Casos que marcaron la historia de Caldas
En la audiencia fueron recordados hechos que dejaron una profunda huella en el departamento, entre ellos:
* El desplazamiento forzado del profesor Carlos Augusto Molina Granada.
* La desaparición forzada del profesor Pedro Julio Quiceno Morales.
* El homicidio de Rigoberto Castaño Tovar, alcalde electo (para 2006) del municipio de Marulanda.
* El homicidio de Gustavo Aristizábal Rendón.
* El desplazamiento forzado de Lucelly Orozco Giraldo y su núcleo familiar.
Inversión histórica para la reparación integral
La Gobernación de Caldas resaltó que, en lo corrido del actual cuatrienio, ha destinado cerca de 16 mil millones de pesos a programas y acciones dirigidas a la población víctima del conflicto armado a través de las secretarías de Educación, Vivienda, Salud, Gobierno, Cultura y Deportes, e Integración y Desarrollo Social.
Asimismo, ha impulsado iniciativas de memoria histórica y restauración, como el proyecto Rutas de Memoria en el Río La Miel, orientado a preservar los relatos de las comunidades y fortalecer los procesos de reconciliación.
Las víctimas, en el centro del proceso
La audiencia también permitió escuchar las voces de las víctimas, quienes reiteraron la importancia de conocer la verdad y de que estos hechos no se repitan. Sus testimonios reflejaron la necesidad de mantener viva la memoria y de garantizar que la justicia transicional contribuya efectivamente a la reparación y a la reconciliación del país.
El alcalde de Marulanda, Leonardo Giraldo Botero, realizó su intervención para recordar los hechos que sacudieron este municipio del oriente caldense en el año 2006. “Hoy venimos a hablar de verdad y es una manera -desde la institucionalidad- de reconocer las víctimas. En 2006 fue asesinado el alcalde electo y ese mismo año hubo una toma guerrillera en el corregimiento de Montebonito que afecto a toda la comunidad, sucesos que esperamos que no se repitan”, mencionó.
Por su parte, Andrea Quiceno, una de las victimas que hizo parte de este espacio, manifestó que su interés en cerrar este doloroso ciclo por medio del conocimiento de la verdad. “No queremos vivir más años con la incógnita de qué paso, necesitamos la verdad para poder avanzar y sanar. Llevamos 19 años esperando este momento”, concluyó.
Los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, confirman que este un gran paso hacia la verdad, específicamente de los hechos mencionados que golpearon los municipios de Samaná y Marulanda.
“En el territorio es donde ocurrieron las grandes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y por eso la JEP ha venido acá con los comparecientes para que -en presencia de las víctimas- se les rinda verdad, reconozcan responsabilidad y que las victimas evalúen si esto es suficiente y quieren avanzar en este proceso restaurativo”, añadió Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la JEP.
Por su parte, Diana María Vega, magistrada en movilidad de la Sala de Situaciones Jurídicas para la Paz, mencionó: “Es muy importante para la región recibir esta diligencia y estar atentos al aporte a la verdad que hacen los comparecientes, como parte de las obligaciones que tienen con la JEP”,
Con su participación en esta Audiencia Territorial de la JEP, Caldas consolida su voluntad de seguir articulando esfuerzos con las instituciones nacionales para garantizar los derechos de las víctimas y consolidar un territorio donde la verdad, la justicia y la memoria sean la base de una paz estable y duradera.
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Diana María Vega y Pedro Elías Díaz Romero, Magistrados de la JEP.
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Lina María Salazar, secretaría de Gobierno (e) de Caldas.
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Leonardo Giraldo Botero, alcalde de Marulanda.
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Andrea Quiceno, víctima del conflicto armado.
