La Secretaría de Infraestructura de Caldas dio a conocer en la Asamblea de Caldas cómo avanza el proceso de firma de los 89 convenios solidarios previstos para ejecutar en esta vigencia, los cuales tienen como objetivo el mantenimiento rutinario manual de 1.436 kilómetros de vías.
El secretario de Infraestructura, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, indicó que, aunque se han presentado algunas dificultades, ya se firmaron los 89 convenios solidarios y 13 tienen acta de inicio: Chinchiná (1 Junta), Villamaría (3 juntas), Viterbo (2 juntas), Samaná (6 juntas) y Victoria (1 Junta). Los 89 convenios tienen un valor de $2.859 millones, el aporte aproximado de la Gobernación de Caldas es de $2.489 millones y el de las JAC de $439 millones.
Desde la cartera se explicaron cuáles han sido las dificultades que han retrasado el inicio de los convenios, entre las que se encuentran las restricciones electorales a la contratación por cuenta de la ley de garantías, la actualización de documentos por parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los requisitos para ejecutar los recursos.
El secretario explicó que la Ley de Garantías durante el periodo electoral presidencial restringió la contratación directa, modalidad utilizada para celebrar estos convenios.
A esta situación se sumó la elección de las directivas de las Juntas de Acción Comunal para el periodo 2026–2030. El cambio en los nombres de sus directivas exigió actualizar los actos de reconocimiento de sus dignatarios y los certificados de existencia y representación legal. Este trámite presentó retrasos y reprocesos, debido a que la Secretaría de Gobierno debía actualizar la información de cerca de 1.400 juntas constituidas en el departamento.
Otra de las dificultades fue la gestión de documentos que se debían solicitar por primera vez a las nuevas juntas para tramitar los documentos exigidos por Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 358 de 2023.
Entre los documentos están el reconocimiento de los dignatarios y el Registro Único Comunal (RUC). Algunas juntas no estaban inscritas y también fue necesario trasladar información al nuevo aplicativo dispuesto por el Ministerio del Interior.
La apertura de las cuentas bancarias ha sido otra dificultad. Estas deben ser administradas conjuntamente por el representante legal de la junta y el supervisor del convenio, como parte de las condiciones para el manejo de los recursos.
Igualmente, la resolución exigía que las personas que participaran en el mantenimiento vial estuvieran afiliadas al sistema de seguridad social y cumplieran las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, dado que trabajar sobre vías con tránsito vehicular implica riesgos de accidentalidad. Por esta razón, los supervisores han insistido en la protección de los participantes frente a esos riesgos. “Los trámites de afiliación y sus costos han representado dificultades para las organizaciones comunales”, indicó Gutiérrez Cardona.
El funcionario manifestó que desde la Secretaría de Infraestructura se viene dando apoyo técnico, administrativo, financiero y jurídico a las juntas y a sus enlaces municipales durante las etapas de preparación y contratación de los convenios. Este acompañamiento busca facilitar el cumplimiento de los requisitos, teniendo en cuenta las capacidades de las organizaciones y las condiciones de las comunidades campesinas, las mujeres rurales, las víctimas del conflicto armado y los pueblos indígenas que participan en estos procesos.
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Secretario de Infraestructura, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona.
